Los amparos desechados no prejuzgan sobre el fondo del asunto, señaló Miguel Angel López Arellano, especialista en amparo
Cuernavaca, Mor., 29 de diciembre del 2021.- Las cuatro diputadas y un diputado integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, además de las diputadas aliadas de las fracciones del PT, PES y RSP, mismos que integran el G-8, mantienen diversas alternativas legales para salvaguardar sus derechos político electorales ante el “acto golpista” del G-11, integrado por los diputados del PRI-PAN-MC y Nueva Alianza.
Dicho grupo, en una sesión convocada el domingo 12 de diciembre por la noche, realizada de manera dolosa, ya que se convocó a los diputados con 2 minutos de anticipación, ilegalmente se retiró de la Junta Política y de Gobierno a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Paola Cruz Torres, además de quitarle sus comisiones a las Diputadas y un diputado de Morena, así como a las Diputadas Mirna Zavala (PES), Erika Hernández Gordillo (RSP) y Tania Valentina Rodriguez Ruiz (PT), lo cual es contrario a lo que establece la ley orgánica del Congreso del estado que señala que las y los diputados deben pertenecer a comisiones para trabajos legislativos.
Posterior al retiro de la Junta Política y comisiones, el G-11, despidió a los asesores de las y el diputado del G-8, impidiendo su trabajo parlamentario.
Al respecto, la diputada Paola Cruz Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el amparo no es la única vía jurídica que han implementado y que se siguen varias líneas de acción para que sus derechos político electorales sean restituidos.
“Combatiremos por la vía legal el acto golpista del G-11, porque nos asiste la legalidad y la legitimidad pues somos el bloque que electoralmente representamos a la mayoría del estado que apoyó a la Cuarta Transformación. Con esa legitimidad buscaremos que se nos restituyan nuestros derechos político electorales para hacer valer la voz de la mayoría del electorado que voto por nosotros y que están esperando que hagamos valer su voz en el Congreso del estado”, dijo.
En torno a los amparos promovidos y desechados por un juez, Miguel Angel López Arellano, especialista en amparo, señaló que “los desechamientos de los amparos no quiere decir que no haya razón en el reclamo de las y el diputado del G-8, por lo que están a salvo los derechos de las y los diputados de ejercer otros medios jurisdiccionales de impugnación, por lo que no se puede hablar aún de la legalidad de los actos que emitieron los 11 diputados, pues a todas luces hubo una violación al proceso legislativo”.