La facilidad con la que se pierde el control al interior de los penales del Estado podría derivar en un aumento de la violencia en su interior por las circunstancias en las que prevalecen las personas privadas de la libertad, indicó el Ombudsman Raúl Israel Hernández Cruz.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la baja periodicidad entre los hechos violentos del Centro de Rehabilitación Social de Atlacholoaya donde murieron 9 personas aunado los acontecimientos del penal federal del municipio del Ciudad Ayala, donde una persona más falleció, son una señal de falta de control por parte de las autoridades, lo cual hace que la CEDHM se encuentre en una alerta constante.
Se pronunció porque todo el sistema de justicia en la entidad emprenda una mejora debido a que estos acontecimientos ponen al descubierto muchas de sus fallas, sobre todo en el área de reinserción social.
Manifestó que al interior privan muchas circunstancias que hacen proliferar distintos actos de corrupción de las autoridades, quienes permiten que las personas privadas de su libertad cuenten con una serie de “privilegios” como el ingreso de sustancias prohibidas u objetos punzo cortantes, situación totalmente contraria una reinserción social.
“De nada nos sirve tener personas privadas de su libertad que al cumplir una condena no se les dieron las herramientas para su reinserción social y que, al salir, se da un efecto contrario.”
Indicó que en el mes de septiembre realizó una revisión conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los centros penitenciarios de donde emano una calificación de 6.2 como resultado de una evaluación a estos penales, la cual representa una regresión ya que la evaluación del año anterior fue de 7.5
Detalló que la comisión que preside actualmente realiza nuevas diligencias para ir documentando las distintas irregularidades y omisiones en las que incurren las autoridades a fin de darlo a conocer y así coadyuvar en la lucha a la corrupción que priva en los Centros de Rehabilitación.
“Las recomendaciones tiene la solidez jurídica y la suficiente argumentación, nuestra fortaleza es social, no pueden ser vinculantes porque sería equivalente a sustituir a los jueces.”