La situación de violencia que se registra en México representa una amenaza para la estabilidad de la sociedad y el gobierno, alertó el Contralmirante Martín Enrique Barney, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Marina Armada de México.
Al participar en un foro sobre seguridad organizado en la Cámara de Diputados, por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el funcionario enfatizó que el crimen organizado ha incluido en su metodología, la imposición de candidatos e incluso la intromisión de algunos de sus integrantes en posiciones de gobierno, a fin de hacer su voluntad y mantener sus negocios, lo que afecta las funciones sustanciales del Estado.
“Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social. A veces el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato de quien se espera alguna subordinación”, puntualizó.
“En este caso, el capo socava la legitimidad del Estado al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad e influir en la vida de los ciudadanos quienes ven debilitado al gobierno”, agregó.
Subrayó que el futuro de la estabilidad en riesgo, está ligado a la corrupción que deteriora el tejido social y provoca que el Estado mexicano pierda su legitimidad y capacidad para gobernar.
“El futuro y la estabilidad y prosperidad de México está amenazado por la corrupción que provocan, que estimula un incremento que da como resultado un alto índice de violencia y de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. El impacto de la corrupción afecta la economía, está deteriorando el tejido social, el Estado pierde legitimidad y pierde el derecho y la habilidad de gobernar”, enfatizó.
Apuntó que la dinámica de debilitamiento del gobierno frente al crimen organizado comenzó a gestarse desde la década de 1980, a raíz de los cambios políticos en el país y una mayor demanda de estupefacientes en Estados Unidos.
Esos factores facilitaron la presencia del crimen organizado y una mayor penetración de la corrupción en esferas gubernamentales.
En cuanto a la violencia del crimen, destacó que en los últimos once años se han incrementado los asesinatos de alcaldes, en especial en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, lo que representa una amenaza a la estabilidad social.
El desgaste de la autoridad, el fortalecimiento de las organizaciones delictivas internacionales y la usurpación de funciones del Estado por parte del crimen, generan una seria pérdida de legitimidad, un mayor grado de impunidad y un debilitamiento de las instituciones que resulta preocupante, apuntó.
En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, remarcó que esas circunstancias fueron obligadas «por la necesidad actual».
Sin embargo, lo que más desean Generales y Almirantes es que las policías, Ministerios Públicos y organismos de procuración de justicia se encarguen de esas tareas, insistió.
Indicó que desde su punto de vista, la regulación de drogas como sugieren algunos especialistas, no resolverá el problema de la violencia en el país, pues se requieren respuestas integrales.
Enfatizó que es preciso evitar que gobernantes «corruptos» actúen de la mano del crimen organizado o bien, que esas instancias ilícitas no los obliguen a través de la extorsión.
“De verdad que yo he escuchado a todos mis Generales y mis Almirantes, que lo que más deseamos es tener cuerpos policiales y un sistema de procuración de justicia que se encargue de eso. Pero para eso, debe de nivelarse la balanza que les mostré y no se incline a que algunos servidores públicos corruptos pasen información, se hagan de la vista gorda, hay ocasiones que el crimen organizado es tan poderoso, que los obliga”, declaró.