Los casos de menores de edad desaparecidos que terminan en asesinato o que nunca son localizados no son resultado sólo de un mal uso de la Alerta AMBER, el problema es más profundo y se trata de una carencia de protocolos de búsqueda inmediata, coincidieron expertos en Derechos Humanos.
Lo anterior orilló a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, a reconocer la falta de actuación de las autoridades, y anunciaron la modificación a ese programa.
Para activar la Alerta AMBER son necesarios tres requisitos: que el desaparecido o desaparecida sea menor de 18 años de edad; información suficiente del menor de edad y las circunstancias de su desaparición; y que se encuentre en inminente peligro de sufrir daño grave.
Es necesario comprender que ese programa es sólo una herramienta que debería formar parte de un protocolo de búsqueda, el cual no se realiza como debe ser, aseveró Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El activista reclamó que las autoridades hagan esperar a los familiares de desaparecidos 48 o hasta 72 horas para iniciar con la búsqueda, lo cual es ilegal porque deja a niños y niñas desprotegidos en horas cruciales para su localización.
La reacción tardía ha provocado que desde los años 60 al 31 de diciembre de 2019 todavía haya 11 mil 72 niños y niñas desaparecidos, siendo Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León las entidades con mayor número, según el Informe sobre fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, realizado por la Secretaría de Gobernación.
