Defensores de la infancia demanda a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de las vejaciones denunciadas por víctimas en los albergues dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en Guanajuato y Michoacán.
Se hallaron 133 actas de nacimiento con el nombre del sacerdote y una de más monjas entraría claramente en una lógica de trata que podría ser señalado como posible crimen organizado o delincuencia organizada operada desde el centro de asistencia social “Ciudad de los Niños A.C.” de Salamanca, Guanajuato que en los últimos 40 años ha estado a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y un grupo de religiosas de su confianza, destacó Juan Martín Pérez García, director de la Red por los derechos de la Infancia en México.
«Esto lo tiene claro la PGR (Procuraduría General de la República), Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas) lo identifica como un posible delito a investigar», enfatizó Juan Martín Pérez, lo cual explica por qué «están dilatando el proceso de valoración de la de atracción del caso»
Las víctimas no confían en la autoridad y tienen mucho miedo, solo presentarán la denuncia cuándo existan verdaderas garantías de que no habrá riesgos en su contra, detalló la Red por los Derechos de la Infancia.
En reuniones sostenidas entre la Redim y las autoridades federales, con una mesa de trabajo emplazada para el próximo lunes 31 de Julio se han presentado las evidencias de un posible encubrimiento de autoridades guanajuatenses al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías así como los indicios de comisión de delitos del orden federal.
«Entendemos que no quieren subsidiar las actuaciones ministeriales que le corresponden a las autoridades de los estados»; también confían en la procuraduría guanajuatense y dijeron que «no tenían claros los delitos de orden federal».
Demandan a la PGR «verdad y justicia» por abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en la “Ciudad de los Niños” en Guanajuato y Michoacán; al momento hay 67 niños (48 varones y 19 mujeres) y de estos menores, 9 llevan el apellido del sacerdote.
En dos décadas aparecen 133 actas de «hijos» del sacerdote, es urgente que la PGR inicie orden de atracción, insistió Pérez García.
A los menores «se les violó el derecho a vivir en familia»; incluso quienes fueron internados por sus padres, estos «debían firmar un documento donde perdían la potestad de sus hijos» y solo podían visitarlos cada seis meses solo por 5 minutos. Tampoco podían tener contacto con el exterior.
Además de las adopciones ilegales cometidas por el padre Pedro Gutiérrez Farías, adolescentes denuncian que fueron violadas por personal de Ciudad del Niño pero también por «invitados» del sacerdote Gutiérrez Farías o por el señor Martín Bermúdez.
En estas reuniones las menores eran obligadas a consumir alcohol y lo que seguía tras esa explotación era el embarazo no deseado, esconderlas hasta el alumbramiento cuándo les quitaban a sus hijos para darlos en adopción a personas de Estados Unidos y Canadá, denunciaron los defensores.
Se dejó en evidencia ante las autoridades que esto es nuestra de probable comisión de trata de personas, apuntaron.
También se habla de al menor cuatro casos de desaparición de adolescentes de San Luis de la Paz, son menores bajo el resguardo del padre Pedro Gutiérrez Farías que «no se sabe dónde están» y la autoridad mexicana ya debería comenzar a trabajar sobre ello», demandó la abogada Rebeca Aguayo, Coordinadora de Investigación del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.
Persistente en contra de todos niño o adolescente internado en los albergues del padre Pedro Gutiérrez Farías en Guanajuato y Michoacán es la violencia física y sicológica.
«Había un cuartito en donde encerraban a los niños y niñas si no cumplían con lo que les ordenaban en Ciudad del Niño», relataron los defensores de infancia.
Hasta el 13 de julio del 2017 ingresa a la Ciudad de los Niños el DIF Guanajuato, reportando que ha sido complejo porque reconocen que «no tienen experiencia para atender a niños en albergues», que hasta dar de comer o limpiar ha sido un desafío, y se la han pasado pintando paredes y aseguran que «ya no queda ningún personal de la organización».
Sin embargo, el ingreso del DIF estatal se dio bajo acuerdo con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías; no se trata de la intervención tras un acto de autoridad para proteger a los menores sino del «permiso» de quién las víctimas refieren como «El Castigador».
No hay trato de carácter ministerial en contra del sacerdote quién según información reciente se encuentra en otro albergue fundado por él en Michoacán. Esto último resulta extraño dado que el padre Gutiérrez Farías es diocesano y por ende solo puede cumplir su misión pastoral en la diócesis designada de Salamanca, Guanajuato, sin oportunidad de desplegar sus actividades a otras diócesis.
Muchos niños y adolescentes han sido regresados a sus hogares sin ningún protocolo de reintegración y en el caso de Ciudad Juvenil el DIF guanajuatense no ha brindado asistencia y los mismos internos contaron que solo quedan 15 muchachos de más de 50 internos porque tras el escándalo al menos 45 jóvenes salieron huyendo.