Tras una prolongada audiencia, la Fiscalía Anticorrupción presento cargos por peculado en contra Hortensia Figueroa Peralta
Luego de una serie de audiencias diferidas, una Jueza de Control de Garantías dicto auto de vinculación a proceso penal, por el delito de peculado, en contra de la exdiputada local, Hortensia Figueroa Peralta.
La imputación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) hizo, especialmente, se refiere a la distracción de más de 23 millones 760 mil pesos a las cuotas obrero patronales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
Hortensia Figueroa, presuntamente distrajo la cantidad de más de 9 millones de pesos a beneficio propio, así como de terceras personas, entre ellos, compañeros ex congresistas de la pasada Legislatura.
Lo anterior durante los últimos días de la LIII Legislatura, resaltando que la hoy imputada se expidió varios cheques a su favor por la cantidad de 2’070’000.00. Tras escuchar la imputación en su contra, Hortensia Figueroa solicitó a la jueza ejercer su derecho a declarar, pero intentó hacerlo basándose en apuntes personales pero la jueza negó que lo hiciera a través de escritos.
Ante esta situación, Hortensia Figueroa decidió reservarse su derecho a declarar y guardo silencio, posteriormente al ser consultada para resolver su situación jurídica pidió que en ese momento se llevara a cabo la vinculación a proceso.
Para sustentar su imputación, la Fiscalía Anticorrupción presento más de 70 elementos de prueba, entre documentos y declaraciones de testigos, que ofreció como parte de la carpeta de investigación.
Tras escuchar los antecedentes, la exdiputada solicitó de nueva cuenta rendir su declaración, pero la sólo dio un argumento jurídico para no ser vinculada a proceso penal. Tras escuchar a las partes del conflicto, la juzgadora resolvió que existían elementos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el hecho que se le imputa.
La juzgadora, Teresa Soto Martínez impuso a Hortensia Figueroa, las medidas cautelares de: no salir del país, no acercarse a las víctimas, ni testigos, ni a las instalaciones del Instituto de Crédito ni del Congreso del Estado de Morelos.
Además de una supervisión periódica que deberá de cumplir, al acudir la última semana de cada mes, mientras dura su proceso, a la firma ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos. La juzgadora concedió a las partes tres meses de plazo de investigación para recabar más información y llevar a juicio a la exservidora pública.
Por Griselda Abundis
